An
te la posible modificación al Decreto Automotriz por parte de la Secretaría de Economía (SE), que pretende obligar a los fabricantes a producir 100 mil vehículos anuales y no 50 mil como está considerado; la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), dijo haber expresado claramente su rechazo a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer).
Su presidente, Eduardo Solís expresó que junto con Asociaciones como la AMDA, INA, el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Comercio Exterior; han manifestado a la autoridad el impacto tan importante que tendría un cambio de esta naturaleza.
“No estamos de acuerdo con el cambio planteado en el Decreto, no fuimos consultados y por su puesto es un cambio mayúsculo que tiene la afectación directa a una de las empresas miembro de esta asociación”, manifestó Solís.
El representante de la AMIA añadió que México es miembro de acuerdos bilaterales en materia de inversión mediante los cuales se busca garantizar certidumbre en las reglas de juego de los que están invirtiendo.
Asimismo, señaló que un cambio en las reglas podría significar la cancelación de la operación de una empresa, además de que no consideran que haya justificación para cambiar las reglas.
Sin embargo precisó que serán las propias empresas afectadas las que determinen en su momento si se protegen con algún recurso legal o no.
Y con relación al Acuerdo de facilitación administrativa publicado la semana pasada, firmado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en convenio con el estado de Chihuahua que tiene, justamente dar facilidades a los poseedores de vehículos usados que circulan sin identificación en esa entidad por un periodo de seis meses, Guillermo Rosales, director de Relaciones Institucionales de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) dijo estar confiando en que el gobierno cumpla con lo establecido en dicho documento.
Asimismo exhortó a los tres órdenes de gobierno a que, ahora sí, apliquen cero tolerancia a la comercialización de vehículos ilegales y tomen responsabilidad en este problema.
Rosales precisó que la nueva disposición tendrá una vigencia de seis meses, lo que permitirá a los poseedores de vehículos sin identificación con rangos de antigüedad de ocho años circular en el interior del estado; los de cinco años lo harán solo para la franja fronteriza, de modo que podrán concluir los trámites de internación a territorio mexicano sin necesidad de sacar al vehículo del país en ventanillas habilitadas por el gobierno del estado y el SAT, pagando los derechos requeridos por el gobierno federal.
“No es el esquema que nosotros preferimos como Asociación, sin embargo consideramos que se está dando cauce a la atención de un problema real en un marco mucho más amplio que tiene que ver con el ordenamiento del parque vehicular en circulación en una de las entidades con mayor desorden en lo concerniente a vehículos ilegales”, enfatizó. “Creo vamos por el camino correcto. Y estaremos atentos en dar seguimiento a que se cumplan todos los puntos establecidos en dicho Acuerdo”, concluyó Guillermo Rosales.