Ante la más grave crisis en la historia reciente de la industria automotriz en México, la Secretaría de Economía publicó este día en el Diario Oficial de la Federación el decreto por medio del cual se flexibiliza la importación de vehículos usados al disminuir el arancel para la franja fronteriza del norte del país del 10 al 3 por ciento.
Con esta disposición el gobierno federal cede ante las medidas de fuerza promovidas por comerciantes fronterizos y respaldadas con fines electorales por los gobernadores de Baja California y Chihuahua, así como de algunos legisladores y alcaldes, quienes solicitaron dar marcha atrás al decreto publicado el 24 de diciembre pasado para regular las importaciones de vehículos usados.
José Gómez Báez, presidente de los distribuidores de automotores agrupados en la AMDA, manifestó su enérgico rechazo a este tipo de acciones que debilitan al empleo formal y a la recaudación fiscal.
Lo más grave, de acuerdo con lo expresado por Gómez Báez, es la “balcanización fiscal que promueve el gobierno al establecer aranceles diferenciados dentro del país”.
El dirigente empresarial externó su preocupación ante el trato diferenciado en la frontera norte debido a que “nadie garantiza que esos vehículos no acaben circulando por todo el país”, “la incapacidad de las autoridades aduaneras y de los gobiernos locales para evitar su salida de la frontera contribuyen a la ola de inseguridad que cubre al país”.
En el marco de la grave situación económica, las ventas de vehículos nuevos disminuyeron 18 por ciento en el último trimestre de 2008, empeorando al inicio de esteaño, ya que durante el primer bimestre de 2009 se estima una caída superior al 30 por ciento.
Además de la caída del mercado interno, el desplome de las exportaciones ha llevado a los fabricantes de vehículos y autopartes a paros escalonados que tienen como consecuencia la pérdida de más de 30 mil empleos. Sin embargo, existe el riesgo que de no tomarse las acciones de apoyo requeridas se pongan en riesgo 100 mil puestos de trabajo.
Los distribuidores de automotores urgieron al gobierno federal para que se corrija en definitiva la afectación causada por las importaciones de vehículos usados, mismas que ascendieron a más de 4.3 millones de unidades entre octubre de 2005 y diciembre de 2008, a través de la implementación de la inspección técnica vehicular que cierre las puertas a la entrada de vehículos siniestrados.
Aseguraron que más del 90 por ciento de los vehículos importados tienen prohibida la circulación en Estados Unidos por no cumplir con las normas de seguridad y de emisiones contaminantes.
Finalmente insistió en la necesidad de que las autoridades apoyen al sector automotriz con las siguientes mediadas:
???? APLICACIÓN DE UN PROGRAMA EMERGENTE DE RENOVACIÓN VEHICULAR, que al igual que en el resto de los países productores de automotores, incentive con recursos públicos y privados la adquisición de nuevos vehículos.
???? EXENCIÓN DEL PAGO DEL ISAN (IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS) DURANTE 2009, periodo en el que se espera el mayor impacto de la crisis.
???? MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL ISR PARA PERMITIR LA DEDUCIBILIDAD DE
VEHÍCULOS.