· Al menos 40 planteles ya operan con él voluntariamente y otros 75 piden ser incluidos
· La administración local atenderá conforme a la ley cualquier requerimiento del Poder Judicial: Leticia Bonifaz
El Programa de Transporte Escolar del Gobierno del Distrito Federal se mantendrá independientemente del resultado de recursos jurídicos interpuestos por algunos padres de familia, porque ya fue aceptado por un gran número de centros escolares y debido a que conlleva beneficios sociales, medioambientales y viales para la Ciudad de México que la autoridad local debe salvaguardar.
Así lo estableció la Consejera Jurídica y de Asuntos Legales, Leticia Bonifaz Alfonzo, quien negó riesgo alguno de desechar este programa porque ya opera en al menos 40 escuelas a petición de sus autoridades y porque no todas las instituciones presuntamente solicitantes de amparo serían objeto de su aplicación en la primera fase, pues en ésta sólo se obliga a 10, específicamente aquéllas con más de mil 240 alumnos.
Algunos de estos establecimientos ya decidieron sujetarse al Programa, en tanto otros pidieron la exención al haber disminuido su alumnado. En ambos casos, el amparo sería improcedente, explicó.
La funcionaria capitalina aclaró que al momento no hay notificación alguna del Poder Judicial Federal al Gobierno del Distrito Federal sobre el otorgamiento de esta protección a los solicitantes de la misma, pero además recordó que esta figura protege derechos de individuos, mientras el decreto por el cual se crea el Programa de Transporte Escolar obliga a establecimientos escolares.
Rechazó atentado alguno al Artículo Tercero de la Constitución, referente al derecho a la educación, por la aplicación de este programa y agregó que, por el contrario, la educación está garantizada en la Ciudad de México.Bajo esta consideración, el amparo también sería inviable, pero independientemente de cualquier especulación sobre la decisión última de la autoridad judicial federal de otorgarlo o no a los solicitantes, el programa se mantendrá, pero aclaró que el Gobierno del Distrito Federal atenderá cualquier requerimiento del Poder Judicial.
Víctor Hugo Páramo Figueroa, director general de Gestión de Calidad del Aire de la Secretaría del Medio Ambiente, expuso que con la aplicación del programa disminuyeron en 85 por ciento las emisiones de monóxido de carbono, 64 por ciento las de micropartículas y 29 por ciento los óxidos de nitrógeno.
También disminuyeron los kilómetros anuales recorridos por cerca de mil 750 alumnos de 7.1 millones a 600 mil y aumentó la velocidad en el entorno escolar a 21 kilómetros por hora, con lo cual, en suma, también bajó la emisión de gases de efecto invernadero y hubo menor perjuicios para la salud, en primer lugar, de los niños.
La directora general de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Ariadna Montiel Reyes, informó que ninguno de los 40 planteles donde ya opera el programa se ha desistido del mismo ni ha tenido alguna disminución de su matrícula. Adicionalmente, otras 75 instituciones manifestaron su interés en el servicio de RTP en virtud de sus beneficios para escuelas, padres y alumnos.
Aunque existen otros oferentes particulares del servicio –dijo–, RTP está preparada con las unidades, seguridad, calidad y personal suficientes para atender la demanda, sin afán de lucro alguno, de acuerdo a la instrumentación de las diversas fases del programa.
A su vez, la Secretaría de Transportes y Vialidad genera ya las normas para las empresas privadas de transporte escolar con la misma finalidad.
Montiel Reyes expresó el interés del Gobierno del Distrito Federal de buscar los mecanismos para operar este programa de la manera más eficiente al menor costo posible para los padres de familia. Actualmente los transportistas particulares cobran por el servicio a escuelas entre mil 200 y mil 500 pesos, en tanto RTP cobra entre 790 y mil 100 pesos.
Las 105 unidades de RTP destinadas a este transporte son las más seguras en el país, pues son monitoreadas vía satélite y mediante radiolocalización, además que poseen mecanismos motrices, de suspensión y cinturones propios para salvaguardar la integridad de los niños.